Este animal es de una especie que es considerada en estado vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), y por lo tanto en Ecuador se considera un delito ambiental contra la fauna y flora según el artículo 247 del COIP, con una pena tipificada entre 1 y 3 años.
Según la denuncia del Movimieno Animalista Ecuatoriano (MAN) que fue viralizada por todo el país a través de redes sociales, este acto fue realizado en los exteriores de la casa de la presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPE) y en presencia de varios espectadores locales, que fueron los primeros en denunciar el faenamiento, y donde dos de ellos serían funcionarios públicos de la Dirección de Ambiente del Municipio de Playas.
DENUNCIA | Tortuga en extinción faenada en Playas. Golfina hembra que tenía más de 125 huevos. Hay un detenido ante denuncia de @Ambiente_Ec . Exigimos que se siga el proceso hasta sancionar al culpable. @FiscaliaEcuador @juandehowitth #DelitoTortugaAsesinada (hilo con pruebas) pic.twitter.com/nKNRxT5xap
— MANIMALISTAS ECUADOR (@MANimalistas) March 5, 2020
Luego, el 6 de marzo del presente, la dirección de la Unidad de gestión y Control ambiental del GAD Municipal a través del Abg. Jorge Martinetti Pita, realiza un pronunciamiento donde declara que sus técnicos llegaron al lugar cuando la tortuga estaba siendo faenada y le pidieron a quien cometía este acto, que no continuara con el mismo, que lo comunicaron a la autoridad competente para que actúe según la ley y que trasladaron al sujeto (identificado luego como Pablo C.) a la Fiscalía de Playas, junto a la Policía Nacional, funcionario del GAD Playas y del Ministerio de Ambiente y Agua. También en este video, pedían que los medios nacionales aclaren la denuncia de MAN, a lo que MAN aseveró que no debían hacerlo porque se habían basado en la información presentada en la denuncia puesta por el Ministerio de Ambiente y Agua.
ACLARACIÓN CASO FAENAMIENTO DE TORTUGA MARINA EN PLAYAS
Pronunciamiento por parte del Abg.Jorge Martinetti Pita, director de la unidad de gestión y control ambiental del GAD Municipal.@eluniversocom @MANimalistas @FiscaliaEcuador @Ambiente_Ec @MAEGuayas pic.twitter.com/SyQV8gugyU— Municipio de Playas (@GADPlayas) March 6, 2020
Respecto al tema de la tortuga Golfina faenada viva en Playas, compartimos denuncia que fue colocada en la fiscalía de turno de ese cantón.
Tapamos los datos personales por cuestiones netamente legales.
Nuestra denuncia pública se fundamentó en esta información. @elcomerciocom pic.twitter.com/wmdns8S44V— MANIMALISTAS ECUADOR (@MANimalistas) March 7, 2020
Actualmente, con la denuncia colocada por el Ministerio de Ambiente y Agua en la Fiscalía de Playas con todas las pruebas existentes se realizó el 5 de marzo una primera audiencia de Formulación de Cargos con el detenido en investigación (Pablo C.) hasta sancionar a los autores y cómplices de este delito contra la vida silvestre. La posición con la que se han pronunciado es que exigen la pena máxima para este delito y hacen un llamado permanente a la ciudadanía a que denuncien todo tipo de delito contra la vida silvestre y patrimonio natural del Ecuador.
Esta acción es un delito grave contra nuestra fauna silvestre protegida. El faenamiento de la tortuga se lo realizó en los exteriores de la casa de la Presidenta del FENACOPEC (Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador.)
Toda esta información, incluidas fotos y videos del suceso están en poder de la Fiscalía de Playas, donde fue colocada la denuncia por parte de funcionarios del Ministerio de Ambiente. Como resultado de esta denuncia se produjo la detención de Pablo C.V. por orden del Fiscal de turno.
El día 5 de marzo el Ministerio de Ambiente informó en su página de Facebook oficial, que se realizó la audiencia de Formulación de Cargos al detenido Pablo C.V por el presunto delito contra la vida silvestre. Terminada la audiencia, el juez de la Unidad de Judicial Multicompetente penal de Playas dictó prisión preventiva al presunto responsable de este delito ambiental. Además, señaló que, para el viernes 13 de marzo, se realizaría la próxima audiencia, en la cual el equipo jurídico del MAE solicitará la máxima sanción. Sin embargo, debido a la pandemia y por disposición del gobierno, está audiencia se ha aplazado. Ahora quieren archivar el caso.
Los ecuatorianos debemos proteger a nuestra fauna silvestre y ser veedores de que estos delitos sean sancionados. No podemos permitir que casos como estos queden impunes o menos aún que sean desechados por las autoridades.
El Colectivo Pacífico Libre enviará una carta a las autoridades competentes, con el objetivo de que estos hechos no queden en la impunidad, exhortando a las autoridades competentes a no desestimar esta causa y que los responsables sean procesados y sus acciones debidamente tipificadas bajo los tipos del código orgánico integral penal, y que estos hechos suscitan en nuestra comunidad el repudio a la matanza animal.
Descarga y lee la carta aquí
La Audiencia por el caso del faenamiento de la tortuga marina golfina se llevó a cabo el pasado martes 07 de Julio, contra Pablo C.L en donde la defensa del acusado niega rotundamente que él haya estado en el momento del faenamiento. Además, reclama a la Fiscalía de Playas, que el Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador no ha presentado pruebas y evidencia suficientes, y que los profesionales que realizaron la necropsia, no eran peritos en la materia. Por estos motivos la defensa del acusado exige la nulidad del caso.
La fiscalía solicitó al juez, la suspensión de la audiencia por la falta de presencia de los testigos, procediendo a su reinstalación este miércoles 22 de julio a las 13:00 en Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Playas.
Como sociedad civil y colectivo PACÍFICO LIBRE, exigimos que desde el Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador se arme la defensa legal necesaria que no presentaron, desde el momento de la primera audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos; y la total transparencia por la Fiscalía De Playas. ¡Basta de improvisar! La fauna marina protegida tiene derechos constitucionales en Ecuador y la autoridad ambiental debe defenderlas en lo legal correctamente. Cuando el anterior ministro encargado, Juan DeHowitt Holguín, estaba al frente del Ministerio de Ambiente él aseguró que se le daría un correcto seguimiento a este caso y se pediría la pena máxima, ahora en el nuevo período del ministro Paulo Proaño, ¿es acaso que quedó en el olvido? La coordinación provincial del MAE no ha hecho nada.
PACÍFICO LIBRE además insta a la Fiscalía a vincular al proceso a Pablo A.C.L por su aparición como otro posible autor del faenamiento de la tortuga marina según el video difundido en redes sociales como denuncia pública. PACÍFICO LIBRE sospecha de presiones externas de parte de la actual Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC) y alerta a la ciudadanía a estar vigilantes, debido a que la presidenta de dicha Federación es familiar directa del acusado y del otro posible autor del faenamiento.
Hacemos también un llamado a todos los que velan por los intereses de la Naturaleza, a acompañarnos este miércoles 22 de julio de 2020 a las 13h00 en los exteriores de la Sala de Audiencias de la Unidad Judicial de Playas a exigir justicia por este delito ambiental contra una especie protegida por las leyes del Ecuador y declarada como especie vulnerable.
]]>Con 108 votos es aceptado el cambio del orden del día y se incluye en la agenda del #Pleno573 el proyecto de Resolución a favor de la lucha por la protección de especies silvestres y exóticas.
#DelfinesLibresEcuador@ElizCabezas @MANimalistas @BloqueAP35 pic.twitter.com/VbCEd6mxLQ
— Karina Arteaga (@Kary_Arteaga) January 31, 2019
En el pleno, la asambleista recordó que Ecuador es un país que considera a la Naturaleza como sujeto de derecho, garantizando así su naturaleza, mantenimiento y regeneración, por ende nuestra visión como país debe enfocarse en la protección de especies silvestres y exóticas. También recalcó que Ecuador tiene una gran fuente de ingreso debido al ecoturismo sustentable y que no siempre el atentado en contra de muchas especies se da solo por la tala, caza o reducción de sus hábitats, SINO QUE HAY VECES QUE EL MALTRATO ANIMAL VIENE DISFRAZADO DE INVERSIÓN Y DE RECREACIÓN, utilizando especies para fines lucrativos como es el caso de la empresa Waterland Mundo Marino S.A. bajo el concepto infundado de “investigación o educación”. Mencionó, que a pesar de que el MINISTERIO DE AMBIENTE YA NEGÓ LOS PERMISOS AMBIENTALES a esta empresa, la Asamblea Nacional como principal función del Estado, también debe RECHAZAR cualquier tipo de actividad que atente contra el bienestar animal.
Luego de esto y para finalizar su intervención, la Asambleista por Manabí declaró que Ecuador siempre ha sido un país que ha apoyado la inversión extranjera, pero que bajo ningún motivo se debe permitir que se atente contra nuestro ecosistema, más aún cuando el daño puede ser IRREVERSIBLE. Con la aprobación de los 108 votos a favor de esta propuesta, se recibió en Comisión General de la Asamblea a Cristina Alarcón Rodas, representante del Movimiento Animalista Nacional y vocera de la Comisión de la Fauna Silvestre y Marina para seguir velando por este caso CUYO DEBATE QUEDÓ PARA EL PRÓXIMO MARTES 5 DE FEBRERO por falta de tiempo y quórum. ECUADOR DEBE ESTAR ATENTO.
DECLAREMOS A ECUADOR LIBRES DE DELFINARIOS
#DelfinesLibresEcuador
#FueraWaterland
#EmptyTheTanks
]]>El artículo donde se integra esto y que explica varios atentados que constituyen delitos en contra de la Naturaleza (su fauna y flora silvestre) es el 247 del Código Orgánico Integral Penal que rige desde el 2014:
Como vemos, la pena máxima en caso de que se cometa alguna de estas acciones es de 3 años, susceptible de suspensión, pero ¿es este “castigo” proporcional a la gravedad del delito cometido? Muchos casos en Ecuador reflejan la urgente necesidad de reformar este artículo del COIP y podríamos citar de entre ellos al más famoso y sucedido recientemente: el caso del buque carguero chino Fu Yuan Yu Leng 999, que fue encontrado dentro de la Reserva Marina de Galápagos con la tenencia de más de 6 mil cadáveres de tiburones, cuyo fin era transportarlos para su comercialización en Perú desde Taiwán. Exceptuando a los demás tripulantes, el capitán del buque en un principio fue condenado a cuatro años de privación de libertad y en una audiencia posterior, su sentencia se redujo a un año y el caso general sigue en debate con miras de llegar a la Corte Constitucional por parte de los abogados de los acusados, quienes más allá de defender los derechos humanos, poco entienden que los océanos tienen que ser vistos no solamente como un sinónimo de pesca extractivista y que la conservación de estos son la base de la economía para muchos otros sectores.
Es aquí donde podríamos plantearnos ¿hay diferencias en que alguien atente contra la vida de un animal protegido o miles de ellos si la sentencia es la misma en ambos casos? ¿la pena, multa o decomiso de bienes cubrirá verdaderamente los efectos negativos de la pérdida de estos animales en un nivel ecosistémico? ¿Se aplicó correctamente en la práctica las normas escritas en papel? A pesar de esta y otras inefectividades, la aportación más importante de los derechos de la naturaleza a la ciencia del derecho es el obligarnos a cuestionar y replantear las fortalezas y debilidades del derecho ambiental, lo cual en un futuro cercano logrará que este y su efectividad trasciendan positivamente. Es deber del ESTADO (de todo/as lo/as ecuatoriano/as, organizaciones estatales y no solamente del Gobierno) que visualicemos completamente sus alcances, complejidades e innovaciones para que Ecuador sirva de verdadero ejemplo, si consideramos que somos el país “que ama la vida” y el primero en establecer estos derechos constitucionalmente.
Actualmente se encuentra en proceso de validación la propuesta de reforma al artículo 247 del COIP, proyecto coordinado principalmente por representantes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional (UPMA) y Sea Sepherd Conservation Society (SSCS), y que hasta ahora han trabajado junto a otros actores fundamentales (Dirección del Parque Nacional Galápagos, Fiscalía General del Estado, Grupo Parlamentario de Bienestar Animal de la Asamblea Nacional, Ministerio del Interior y Ministerio del Ambiente) para su consolidación. Entre los temas que se destacan de esta propuesta y de las perspectivas de todos los actores están:
De este último ítem, cabe recalcar que la importancia de la participación del área científica surge al analizar que en la actualidad las penas agravantes se aplicarán solo si la especie se encuentra en el libro Rojo del MAE, lo que vuelve necesario que en un futuro se aumente mayor información técnica de más especies a través de censos poblacionales.
Agradecemos a todos los actores que siguen participando de este proceso convocando a constantes socializaciones con su debida retroalimentación. Como colectivo Pacifico Libre, hacemos un llamado a que se sigan dando estas reuniones con ahínco, para crear una mayor fuente de información que pueda ser usada para responder a la petición de la ONU en su resolución 69/314, donde insta a los Estados Miembros a que adopten medidas decisivas a nivel nacional para prevenir, combatir y erradicar el comercio ilícito de fauna y flora silvestres, mediante el fortalecimiento de la legislación necesaria para prevenir, investigar y perseguir a quienes lo realicen, así como el fortalecimiento de las respuestas en materia de aplicación de la ley y justicia penal, de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional. Esta resolución también pide que se examine y modifique la legislación nacional de los Estados Miembros, según sea necesario y apropiado, a fin de que las acciones en contra de la Naturaleza se consideren delitos determinantes, tal como se definen en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sean objeto de castigo conforme a la legislación nacional sobre los productos del delito.
Nosotros también nos comprometemos a participar activamente por dar a conocer y abordar los problemas y riesgos asociados con la oferta, el tránsito y la demanda de productos ilícitos de fauna marina silvestre, y por reducir la demanda mediante estrategias específicas destinadas a influir en el comportamiento de los consumidores mediante charlas dirigidas al público en general sobre la compra de pesca legal y responsable en nuestro país.
]]>